Esta iniciativa prevé que toda persona al cuidado del menor que impida el normal contacto con su padre o madre no conviviente, o cuando, por ejemplo, traslade al menor fuera de la provincia sin previo aviso a la contraparte, entre otras causales, sean incorporados al registro queden inhabilitados para ocupar cargos electivos, ejercer cargos como autoridades superiores en los tres Poderes del Estado y organismos de control, para desempeñarse como Magistrados o Funcionarios judiciales, ser contratistas o proveedores del Estado y operar con el BTF.
