Editoriales

Alquileres y la necesidad de hacer cumplir la ley

En plena pandemia, el 30 de junio del 2020 el gobierno nacional  promulgó la Ley de alquileres. A un año de esa sanción, la oposición, entre ellos el candidato y actual diputado Tito Stefany, quieren derogarla o modificarla. Obviamente a favor de los propietarios, los grandes dueños. El resto de las personas oprimidas por esta angustia que se renueva cada renovación de contrato, les importa un carajo. 

Al cumplirse el primer aniversario de la ley, la Federación de Inquilinos Nacional, sacó un crítico documento con el apoyo de firmas de universidades, políticos, intelectuales, organizaciones y dirigentes sociales. En el dicen que “en estas décadas (desde el 80) la Argentina experimentó un fuerte proceso de inquilinización, momentos en que la construcción -pública y privada- alcanzó niveles históricos. Cada vez más personas acceden a la vivienda a través del alquiler, aun cuando la construcción especulativa -desanclada de la demanda habitacional- multiplicó los inmuebles inútiles, vacíos o deshabitados, se naturalizó la dolarización de la vivienda y el precio del alquiler incide como nunca en los ingresos de lxs inquilinxs.” O sea, cada vez hay más inquilinxs y menos propietarixs con más propiedades.

Dicho eso, esta pequeña aldea soñada Ushuaia (la ilusión de los años 1960 de varios gobernantes de esta isla) se convierte en un Juego del Calamar para una gran parte de sus habitantes: el momento de alquilar. 

Si apareciera una tarjeta con los símbolos de la playstation con la promesa de un alquiler bueno, bonito y barato, más de uno se suma, aunque deje su vida en ese juego.

Ese es al extremo que la rentabilidad de la tierra tiene en nuestra ciudad. Esa burbuja la perpetraron varios de “los pioneros y pioneras fueguinas”. Entre ellas una de las candidatas, siendo gran propietaria de locales comerciales de alto costo de alquiler.

En el 2020 en plena pandemia el gobierno destinó parte de la deuda Bertone (200 millones de dólares) al Programa de Recuperación Económica y Social (PROGRESO). Entre los ítems que el gobierno subsidiaba a los locales comerciales era al alquiler. Hasta 50 mil pesos destinaba el gobierno en ello. Plata para pagar el alquiler de personas que cuentan con más de 1 alquiler de locales, o sea no estamos hablando de jubilados o jubiladas que alquilan un departamento para tener un extra. Hablamos de pagar ganancias de especuladores. De personas que especulan con los precios de los alquileres cada 6 meses, incumpliendo la ley e instando a no cumplirla. 

La locura en esta ciudad de 137 años nunca aflojó, tanto es así que las explosiones demográficas que vivenciamos desde la 19640 hasta ahora, nunca ha tenido repuestas acordes. 

No se discute este tema en el Concejo Deliberante, ni mucho menos en la legislatura o en los Ejecutivos. No le pedimos nada al inefable Poder Judicial fueguino en protección del oprimido, siendo que varios de los jueces deben gozar de alquileres.

Si Cambiemos, o Juntos Para el Cambio, o la UCR, obtiene más diputados, quienes alquilan no van a poder exigir cumplir al menos los derechos mínimos que ofrece esta ley arrancada al mercado. Quienes alquilan, si hoy se ven indefensos, luego de noviembre, según los votos, van a vivir en un octavo infierno que Dante no supo inventar.

Aquí algunos  puntos principales de la nueva Ley de alquileres 27.551 (un dato pavo: el número de la ley tiene una diferencia exacta de 4 mil leyes con la ley de asociaciones sindicales 23551, otra ley arrancada al mercado… dentro de otras 4 mil quizás vayamos por una ley de repartir la tierra para todxs)

• El reintegro del mes de garantía debe realizarse en efectivo al momento de la restitución del inmueble, al valor del último mes de alquiler.

• El plazo mínimo de contrato es de tres años.

• las expensas extraordinarias debe pagarlas el locador.

• El contrato debe estar a cargo de un profesional matriculado para el corretaje inmobiliario.

• Solo se admiten ajustes anuales, que deben seguir un índice conformado en partes iguales por el ipc (índice de precios al consumidor) y el ripte (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables).

• Se establece la obligatoriedad de declarar los contratos de locación ante la administración federal de ingresos públicos (AFIP).

• Se crea el programa nacional de alquiler social para la adopción de medidas que faciliten el acceso a la vivienda digna en alquiler mediante contratación formal. Con especial dedicación a las víctimas de violencia machista.

• Se dispone el desarrollo de mecanismos de bajo costo o gratuitos para la resolución de conflictos derivados de los contratos de locación.

En Ushuaia hace tiempo que se vive el extractivismo urbano, que es ese que provoca especulación inmobiliaria que expulsa y genera desplazamientos de población, aglutina riqueza, se apropia de lo público, provoca daños ambientales generalizados y produce una degradación institucional y social. Casas. Sin Gente. Gente. Sin Casas.

Somos una población con un alto grado de inquilinaje que cada vez se ve más apretada entre los precios y los espacios, donde se construyen torres solo para alquiler de turismo o “inversión” de todo tipo, se expulsa a esa población hacia la periferia no deseada por los ricos: las montañas y valles sin servicios. 

Lo que se debe exigir a los diferentes Estados y sus gobiernos, es que ejerzan del poder de policía que les dio la población a través de la ley. Al menos eso es lo que se pide desde las diferentes asociaciones que defienden al inquilino e inquilina. 

El hábitat es todo un significante. Quién esté dispuesto a realmente disputar el sentido de ello es quién podrá cambiar una realidad que afecta al pueblo que muchas políticas y políticos, dicen representar. 

En el mientras tanto hoy hay familias que están siendo expulsadas como fichas de un juego de una política que está más atenta a figurar que a transformar. 

Otro triunfo de la necropolítica nacional y fueguina.

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