Provinciales

Amnistía Internacional denunció que en Río Grande no se garantiza el acceso al aborto

La ONG Amnistía Internacional Argentina manifestó este martes su preocupación por las barreras que presenta la salud pública en Rio Grande para las mujeres que requieran acceder al aborto. La entidad informó en su web que el hospital de esa ciudad no garantiza este derecho y que deriva los casos a un consultorio de atención primaria y deriva para internación al Hospital Regional Ushuaia.

Amnistía Internacional expresó  en su sitio de internet que envió pedidos de acceso a la información pública a todos los ministerios de salud del país, incluido el de Tierra del Fuego requiriendo datos sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso al aborto. “Dicha presentación fue reiterada hoy junto a una solicitud de reunión con las autoridades sanitarias locales, responsables de garantizar el acceso a ese derecho”, indican.

En el mismo sentido, la organización puso a disposición en su sitio web un formulario para “toda persona que haya encontrado barreras en el acceso a la interrupción del embarazo”.

La entidad remarcó que la salud pública fueguina no garantiza la interrupción voluntaria del embarazo –avalado por la ley 27.610- en la ciudad más poblada de la Provincia.

Además reitera que en el caso que “las mujeres requieren internación para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo deben trasladarse más de 200 kilómetros hasta Ushuaia, único hospital de la provincia que garantizaría la práctica”. Y agregan: “Esto pone de manifiesto el mapa desigual en el acceso a la salud sexual y reproductiva en nuestro país. Las mujeres que viven en centros urbanos alejados de las capitales provinciales aún no pueden acceder al aborto por la falta de disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva y de personal capacitado”.  

“La Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo viene a dar respuesta a un problema de salud pública. La persistencia de barreras demuestra que para que aquella conquista sea una realidad es prioritario y urgente la adopción de políticas que garanticen la accesibilidad de la prestación en todos los rincones del país”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.  

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