Provinciales

La Comisión contra la Tortura recorrió las cárceles de Río Grande

Autoridades provinciales, nacionales y representantes del Poder Judicial recorrieron las unidades de detención y centros de rehabilitación de salud mental para elaborar el primer informe local.

El legislador recordó que el comité provincial está compuesto por representantes del Poder Legislativo, Judicial, Ejecutivo y organizaciones no gubernamentales con experiencia en derechos humanos, y cuestionó la falta de infraestructura que deriva en un hacinamiento de las personas privadas de su libertad.

Calificó la situación como “penosa”, en función de la superpoblación que lleva a que varios internos duerman en el piso, o no cuenten con mesas y sillas suficientes para sus comidas o para recibir a sus familiares. “El personal penitenciario hace un gran esfuerzo para cumplir con sus tareas, pero se ven desbordados por la particular situación de hacinamiento de los internos”, dijo.

Josefina Ignacio fue comisionada desde el comité nacional para realizar estas visitas, y mencionó que ya se habían elevado informes tras visitas anteriores para conocer la situación en la provincia.

Junto con funcionarios del comité nacional nos hemos apersonado este lunes en la unidad de detención de Río Grande, hemos podido hablar con las autoridades y hacerle una serie de consultas sobre las condiciones en que se encuentran, el porqué de algunas medidas que se adoptan en la ejecución de la pena y se inspeccionaron las condiciones en que se encuentran los detenidos. Hablamos con los internos de los distintos pabellones, escuchamos sus inquietudes y las condiciones en que cumplen la condena. La pena se tiene que cumplir en condiciones de respeto a la dignidad humana”, subrayó, y esto no está ocurriendo.


“Por la tarde nos dividimos en distintos grupos, yo visité algunas comisarías con representantes del comité nacional y otros grupos estuvieron en contacto con el hospital Río Grande donde hay internados por salud mental. Ayer lo repetimos en Ushuaia y luego sacaremos nuestras conclusiones. Hemos visto la falta de una infraestructura acorde con la cantidad de internos. Como cualquier otra ciudad del país, el aumento del delito genera que haya cada vez más internos, también la modificación de algunas leyes con respecto a los delitos que atentan contra la integridad sexual de las personas, que obligan a cumplir la totalidad de la pena en establecimientos carcelarios. Esto va profundizando la necesidad de que el Estado afecte recursos para mejorar las condiciones de infraestructura del sistema carcelario, y hay un mayor número de internos respecto de la capacidad que tiene la unidad de detención de Río Grande. En Ushuaia es peor todavía, eso es lo más notorio y luego hay otras cuestiones que vamos a proponer desde el comité para mejorar el trato o el vínculo de los internos con sus grupos familiares. Hay condiciones de mantenimiento de las celdas que deben corregirse, ha quedado muy al desnudo la situación del mobiliario, porque no cuentan con la cantidad de bancos, sillas y mesas para que puedan almorzar o cenar los internos, o atender a sus familiares cuando tienen las visitas. Son cuestiones que se pueden llegar a corregir y dependen de la interacción de distintos actores del sistema estatal. Se pueden llevar a cabo distintos talleres de formación profesional a través del Ministerio de Educación, y es un reclamo que lo veníamos escuchando desde Río Grande hace tiempo. Hay un sinnúmero de acciones que tenemos instar, con un ánimo colaborativo y de cooperación, para mejorar las condiciones de los internos y lograr la resocialización”, expresó.

“La situación de Ushuaia es muy complicada. La unidad de Deloqui y Laserre tiene capacidad para 42 ó 44 internos y hay más de 100. Por información extraoficial sabemos que hay internos que duermen en el piso y por eso la idea fue ir a corroborarlo fehacientemente y ver el plan de acción del Servicio Penitenciario y del Poder Ejecutivo. El problema de hacinamiento no es responsabilidad exclusiva del director del Servicio Penitenciario, sino de las máximas autoridades del Ejecutivo”, remarcó.

“Es necesario trabajar de manera conjunta entre los distintos actores institucionales, reconocer las realidades y afectar recursos, porque no hay otra solución. Sabemos que no toda la población comparte la afectación de recursos, pero el Estado tiene obligaciones que cumplir, de lo contrario vamos a tener consecuencias internacionales”, advirtió.

“Por la información que tenemos no se tenía pensado afectar recursos del tesoro nacional para la construcción de una unidad carcelaria como se decía y eso ha quedado expuesto. Como integrante del comité y como legislador provincial voy a seguir trabajando en la materia, porque existe una situación muy delicada en la provincia que queremos revertir, con un ánimo cooperativo y de cooperación con las autoridades del Ejecutivo provincial”, insistió.

Consultado acerca de algún contacto con la ministra Adriana Chapperón, que faltó en varias oportunidades a las convocatorias de la comisión de seguridad, informó que tuvo una comunicación telefónica con la Ministra de Gobierno “por información que uno estaba requiriendo y venía un poco demorada, pero el ámbito de la comisión de seguridad corre por otro carril y yo estoy actuando como miembro del comité contra la tortura. Es un organismo que pusimos en marcha hace poco tiempo y estamos dando los primeros pasos, tratando de construir institucionalidad. Hay que velar por las personas en situación de encierro, poner el ojo sobre los menores que están con medidas proteccionales, ver si los lugares de alojamiento de esos menores respetan los estándares de derechos humanos. Tenemos que hablar con autoridades judiciales y ya hemos estado hablando con autoridades del Ejecutivo, con el Secretario de Salud Mental, con el Ministro de Desarrollo Humano, y ahora estamos visitando las unidades penitenciarias. Seguramente vamos a hacer un primer informe a fin de año, donde haremos recomendaciones, y para fines del año que viene podremos presentar un trabajo más serio de este organismo”, estimó.

Tras la puesta en funcionamiento del Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la convención contra la tortura, hace unos meses atrás, organización prevista por Ley provincial N° 857, autoridades provinciales, nacionales y representantes del Poder Judicial recorrieron las unidades de detención y centros de rehabilitación de salud mental para elaborar el primer informe local. Desde el Comité nacional acompañaron a los funcionarios de la Provincia y guiaron los protocolos preestablecidos.
Josefina Ignacio, comisionada desde el Comité nacional contó a Prensa Legislativa que se trabaja en los protocolos desde años anteriores, “hemos elevado informes años anteriores sobre la situación de la Provincia, porque la recorrimos. En esta ocasión celebramos la puesta en funcionamiento del organismo local, esto va a permitir mejores resultados en el abordaje de las problemáticas que se presentan y los resultados en los que queremos avanzar”.


Explicó que una de las obligaciones “que tenemos por Ley, es impulsar los mecanismos locales para la prevención de la tortura en cada jurisdicción. Si bien existe una Ley en la Provincia, no estaba puesta en funcionamiento y trabajamos para que se logre”. Sobre la visita a Tierra del Fuego dijo que la intención es “transmitir algo de experiencia de lo que venimos trabajando en el resto del país”. Finalmente detalló los distintos dispositivos en materia de género que están “destinados a las personas privadas de su libertad que fueron condenadas por este tipo de delito y las constantes capacitaciones a las fuerzas de seguridad”, cerró.

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