El agua corriente, un sistema de cloacas y la conexión a la red de gas son tres servicios básicos, cuya obtención tiene efectos no sólo en la comodidad sino también en la salud de las personas.
En Argentina el 55,7% de los hogares urbanos accede a los tres servicios.
La cifra surge del último informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondiente al primer semestre de 2022. El universo analizado abarca 31 aglomerados urbanos donde viven 29.130.000 en 9.100.000 hogares.
La investigación indicó que el 50,2% de las personas que habitan en el 55,7% de los hogares que participaron de la encuesta no cuenta con al menos uno de los tres servicios descriptos.
En detalle, el 87,6% de las personas y el 89,6% de los hogares tienen agua corriente. A su vez, el 88,4% de las viviendas están abastecidas por la red pública y un 9,6% se provee a través de una bomba a motor. En tanto, hay un 1,8% que tiene que salir de su vivienda para hacerse del vital elemento.
En cuanto a gas en red, una de cada tres personas no cuenta con el servicio. Y el 30,8% de los hogares no tiene conexión.
De acuerdo a los datos publicados por Indec, en lo que refiere al sistema de cloacas el 70,2% de las personas que viven en el 74% de los hogares gozan de desagües, mientras que el 29,8% de las personas habitantes del 26% de los hogares carecen de ese servicio esencial.
De acuerdo a los datos publicados por Indec, en lo que refiere al sistema de cloacas el 70,2% de las personas que viven en el 74% de los hogares gozan de desagües, mientras que el 29,8% de las personas habitantes del 26% de los hogares carecen de ese servicio esencial.
El documento destaca que el 88,4% de la población (25,3 millones) de los 31 principales aglomerados urbanos argentinos tiene acceso al agua potable mediante red pública. El 11,6% restante (3,4 millones) dispone de otras fuentes como perforaciones, bombas de agua o en algunos casos acumulación de agua de lluvia. Por lo tanto, se requiere incrementar ocho veces el ritmo de acceso a la red pública de agua potable por encima del crecimiento poblacional para cubrir el acceso total.
